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por
Redacción
Aguascalientes, Mx.
Martes 25 de julio 2023
Redacción
En sesión de la Comisión de Educación y
Cultura de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes que preside el
diputado Raúl Silva Perezchica, y que en esta ocasión integraron la legisladora
Verónica Romo y el congresista Cuauhtémoc Escobedo; se avalaron reformas a la
Ley de Educación del Estado, con el objeto de fortalecer el acceso a la
educación.
Como primer punto del orden del día, se aprobó
la iniciativa que reforma algunas disposiciones a los artículos 2, 4, 9, 18,
21, 25, 60, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 93, 100, 123, 125, 126, 128, 130 y 137 de
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada
Gladys Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El objeto de la iniciativa consiste en
reformar diversos artículos de la Ley de Educación Local, a efecto de
considerar además de a las madres y padres de familia, a tutores o quienes
ejerzan la patria potestad como aquellos que deben cumplir con determinadas
obligaciones y compromisos para abonar a la educación integral de sus hijas e
hijos.
Con esta acción, se dotará de las mismas responsabilidades
a las personas que ejercen la patria potestad, con el propósito de alcanzar el objetivo
de la educación, además de brindar certeza y seguridad jurídica a las niñas, niños
y adolescentes asegurando sus derechos de acuerdo al interés superior de la niñez.
En otro orden de ideas, se avaló la iniciativa
de reforma a los artículos 144 y 145 de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, presentada por el diputado del PAN Francisco Sánchez Esparza.
El objeto de la iniciativa consiste en
infraccionar a quienes presten servicios educativos que expulsen o condicionen
la inscripción al servicio educativo a los educandos que no cuenten con su CURP
o cualquier otro documento administrativo.
Con ello, se establece la obligación de
facilitar el acceso a la educación básica y media superior, sin importar la ausencia
de documentos académicos o de identidad, satisfaciendo el derecho a recibir educación,
además de proponer soluciones que faciliten la obtención de dichos documentos.
Finalmente, ambos dictámenes aprobados fueron canalizados
a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su trámite correspondiente.